Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri
Introducción
La contratación pública es uno de los instrumentos más
importantes con los que cuenta el Estado para gestionar sus
recursos, y su relevancia se explica por el impacto directo
que tiene en la ejecución del gasto, la provisión de bienes
y servicios esenciales y la construcción de infraestructura.
En el caso peruano el sistema ha arrastrado históricamente
una serie de problemas estructurales que van desde la
lentitud de los procedimientos y las deficiencias en la
planificación hasta los altos niveles de discrecionalidad y
la escasa capacidad de control efectivo, lo que se ha
traducido en procesos inconclusos, obras paralizadas y una
exposición constante a riesgos de corrupción. Estos
problemas se hicieron especialmente visibles durante la
vigencia de la Ley N.º 30225 cuyo diseño no logró
responder bien ni a los contextos de emergencia ni a las
crecientes exigencias de eficiencia, transparencia y gestión
por resultados (Moreno, 2024).
Desde una mirada comparada la experiencia de otros países
muestra una tendencia sostenida hacia la modernización de
los sistemas de contratación pública a través de la
digitalización la estandarización de procedimientos y el
fortalecimiento de los mecanismos de control y países
como Chile, Colombia y Ecuador han ido incorporando
herramientas de gobierno electrónico y modelos orientados
a resultados logrando mejoras importantes en transparencia
y eficiencia, aunque sin resolver del todo los desafíos
ligados a la capacitación del personal y la infraestructura
institucional (Arteta, 2023; Márquez, 2021; Faz et al.,
2024). Todo esto confirma que las reformas normativas
solo producen efectos duraderos cuando van acompañadas
de capacidades técnicas reales, control institucional
efectivo y una cultura de integridad en la gestión pública.
En el ámbito nacional diversos estudios han coincidido en
señalar que la aplicación de la Ley N.º 30225 presentó
debilidades importantes en la ejecución contractual, la
resolución de controversias y el control de la transparencia
generando efectos económicos y sociales negativos a nivel
local y regional (Espinoza y Anaya, 2023; Portales, 2022;
Rodríguez, 2022). En ese contexto la promulgación de la
Ley N.º 32069 en 2024 se presenta como una reforma
estructural orientada a corregir esas fallas históricas,
incorporar estándares internacionales de integridad
pública, fortalecer la planificación precontractual y reducir
la alta tasa de procedimientos no culminados que afectaron
la inversión pública entre 2014 y 2024 (Moreno, 2024).
Esta investigación se justifica porque aborda, desde una
perspectiva teórica, práctica y metodológica un problema
real y vigente del sistema de contrataciones públicas en el
Perú tomando como eje central los cambios que introdujo
la Ley N.° 32069 del 2024. En el plano teórico el estudio
se apoya en los enfoques de la gestión pública moderna, la
innovación administrativa y el buen gobierno que sostienen
que incorporar tecnología, eficiencia e integridad permite
reducir la burocracia y fortalecer la rendición de cuentas lo
que se alinea bien con lo que propone la nueva normativa
al plantear procesos más ágiles, transparentes y orientados
a resultados. En lo práctico la investigación resulta
relevante porque el sistema de contrataciones sigue
enfrentando problemas como lentitud, excesiva carga
administrativa y riesgos de irregularidades que afectan
directamente la ejecución del gasto y la confianza
ciudadana, y analizar cómo se está aplicando esta ley
permite evaluar si las herramientas digitales y los nuevos
mecanismos de control realmente están contribuyendo a
mejorar la gestión del Estado. Desde lo metodológico el
análisis cuantitativo permite medir impactos concretos,
identificar mejoras y detectar posibles limitaciones
generando evidencia útil para la toma de decisiones.
Finalmente, la investigación contribuye al proceso de
modernización del Estado peruano aportando
conocimientos que pueden ayudar a consolidar una gestión
pública más ética, eficiente y confiable superando las
debilidades de la normativa anterior y fortaleciendo la
gobernanza en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo
del país.
En atención a lo anterior el presente estudio tiene como
objetivo comparar la Ley N.º 32069 con la Ley N.º 30225,
identificar los principales avances normativos que
introdujo la nueva regulación y evaluar sus efectos iniciales
en la eficiencia, transparencia y control de las
contrataciones públicas en Lima durante el periodo 2024–
2025. También se busca determinar si las innovaciones
implementadas constituyen mecanismos efectivos de
mejora del sistema contractual o si persisten limitaciones
estructurales que puedan comprometer su correcta
aplicación contribuyendo así a la reflexión doctrinal y al
fortalecimiento del régimen jurídico de la contratación
pública en el Perú
Materiales y métodos
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo,
con el propósito de analizar comparativamente los efectos
de la Ley N.º 32069 del 2024 respecto de la Ley N.º 30225
del 2014 en los procesos de contratación pública en Lima
durante el periodo 2024–2025. Se adoptó un tipo de
investigación básica, orientada a ampliar el conocimiento
teórico y normativo sobre las transformaciones
introducidas por la nueva regulación, permitiendo explicar
las relaciones existentes entre la aplicación de la norma y
el desarrollo de los contratos públicos desde una
perspectiva jurídica y administrativa (Villanueva, 2022).