Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri
consecuencia, el fenómeno impacta de forma económica
(pérdidas fiscales y distorsiones del mercado), social
(propagación de violencia y explotación) y política
(corrupción y debilitamiento institucional) (UNODC,
2025).
En América Latina, el lavado de dinero y el contrabando
representan obstáculos para la seguridad estatal y la
estabilidad económica, constituyéndose en prioridades de
política pública, según la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), las pérdidas fiscales
en la región superan los 260 mil millones de dólares
anuales por concepto de evasión tributaria, contrabando y
corrupción vinculada a redes ilícitas (UNODC, 2024).
Entre las zonas fronterizas más afectadas se encuentran
México, Colombia, Brasil, Perú y Chile, donde se dan
flujos continuos de contrabando de drogas, comercio
informal y corrupción sistemática en las aduanas (Banco
Interamericano de Desarrollo [BID], 2023). Según el BID
(2023), más de un tercio del comercio fronterizo
sudamericano se encuentra en la informalidad, lo cual
beneficia a los lavadores de dinero que usan importaciones
infravaloradas o criptomonedas para ocultar sus
actividades. En el caso de Perú, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS, 2023) reportó un incremento
del 18% en las operaciones sospechosas vinculadas al
contrabando en las fronteras con Bolivia y Chile, asimismo,
la GAFI (2022) advirtió que el contrabando de cigarrillos y
combustibles en Brasil y Paraguay está en alza,
configurando una red regional interconectada que erosiona
las economías, fomenta la corrupción institucional y
dificulta el rastreo de fondos ilícitos (Transparencia
Internacional, 2025).
En el caso específico de las fronteras entre Perú y Chile, el
lavado de dinero y el contrabando muestran una relación
bidireccional, el primero blanquea ganancias ilícitas,
mientras el segundo alimenta economías informales
mediante operaciones no registradas., como consecuencia,
la recaudación fiscal se ve afectada y los mercados locales
se saturan con bienes de procedencia ilegal insertos en la
economía formal, estudios recientes indican que las
regiones del sur del Perú , especialmente Tacna y Puno ,
concentran una alta actividad contrabandista; según
Delgado (2023) , el contrabando en Puno alcanzó un valor
estimado de 232 millones de dólares en 2024 , equivalente
al 38,7% del total nacional, en contraste, investigaciones
sobre comercio transfronterizo sugieren que parte del
intercambio informal entre Arica y Arica-Parinacota
(Chile) opera bajo la forma de sub declaración aduanera y
uso de empresas fachada , mecanismos que incrementan la
infravaloración comercial, a su vez, los cierres temporales
de fronteras han generado nuevas rutas informales,
facilitando el contrabando de bienes como ropa, gas natural
y dispositivos tecnológicos, como se evidencia en análisis
regionales, esta situación ha persistido desde 2004 y exige
estrategias armonizadas de cooperación aduanera ,
intercambio de inteligencia financiera y refuerzo de
controles logísticos y financieros (Rocha, 2023).
El desafío jurídico global planteado por las estructuras de
lavado de dinero asociadas al contrabando
transfronterizo es especialmente crítico porque explota
las asimetrías regulatorias entre jurisdicciones y debilita la
capacidad de los Estados para perseguir el delito
económico de manera eficaz, diversos organismos
internacionales estiman que entre el 2% y el 5% del PIB
mundial , es decir, entre 800 mil millones y 2 billones de
dólares anuales , se lava cada año, lo que revela la escalada
sistémica del problema y la necesidad de marcos jurídicos
internacionales robustos, en este contexto, el lavado de
activos basado en el comercio (TBML) utiliza rutas de
comercio ilícito para introducir en el sistema financiero
ganancias provenientes de bienes, combustibles, tabaco,
electrónica y otros productos, valiéndose de estructuras
societarias opacas, empresas ficticias y proveedores de
servicios corporativos que dificultan la identificación del
beneficiario final y del sujeto activo del delito, la literatura
reciente subraya que la complejidad de estas redes vuelve
insuficientes las reglas tradicionales de imputación penal,
haciendo imprescindible delimitar con mayor precisión la
responsabilidad penal y corporativa de intermediarios y
facilitadores (por ejemplo, prestadores de servicios
societarios y fiduciarios). Desde la óptica del derecho
internacional y comparado, la fragmentación normativa en
diferencias en la tipificación de los delitos, en los
estándares de debida diligencia, en los requisitos
probatorios y en los mecanismos de cooperación judicial,
genera vacíos que los lavadores aprovechan para desplazar
capitales entre jurisdicciones con niveles disímiles de
exigencia, la doctrina contemporánea propone, por ello, un
viraje hacia regímenes de cooperación internacional más
vinculantes , normas claras de confiscación ampliada y
controles reforzados sobre profesionales como abogados y
contadores, precisamente porque la ausencia de regulación
rigurosa en estos sectores facilita la transformación y
ocultamiento de activos derivados del contrabando
(McCarthy et al, 2020).
En América Latina, la crisis jurídica sobre el lavado de
activos y el contrabando está fuertemente ligada a la
informalidad económica estructural y la debilidad de los
sistemas de cumplimiento regulatorio, lo que dificulta
precisar tanto a los perpetradores como el origen ilícito de
los fondos. La combinación de empresas formalmente
constituidas con redes informales de comercio permite a los
operadores transformar ganancias ilegales en activos
aparentemente lícitos, lo que complica la determinación de
qué norma se ha violado y quién debe responder, tanto en
sede penal como administrativa. Estudios recientes