Revista de Investigación Científica y Tecnológica
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La reserva en la indagación patrimonial de extinción de dominio y
vulneración del debido proceso de los afectados, Lima centro, 2024
The reservation in the patrimonial investigation of extinction of ownership and
violation of the due process of those affected, Lima center, 2024
Merriman Aliaga Bastias
merrimanaliagaperu@gmail.com
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú
Resumen
Este estudio examina la influencia de la reserva excesiva en la fase indagatoria patrimonial
del proceso de extinción de dominio y su impacto en las garantías procesales de los
propietarios en Lima Centro durante 2024. A través de un análisis cuantitativo con 50
especialistas en derecho constitucional y penal, se obtuvo un coeficiente Spearman de
0.921, indicando una fuerte relación entre la confidencialidad de esta fase y la violación
de los derechos procesales, especialmente el derecho a un proceso justo. Los hallazgos
revelan que la naturaleza reservada de la fase indagatoria impide a los propietarios ejercer
su derecho a la defensa efectiva, limitando su capacidad para demostrar la legitimidad de
sus bienes y ejercer la carga de la prueba. Esta situación genera una desigualdad en las
armas procesales, dejando a los propietarios en una posición de indefensión y vulnerando
sus garantías constitucionales. El estudio concluye que es urgente reformar la legislación
para garantizar mayor transparencia y acceso a la información en la fase indagatoria,
asegurando que los propietarios puedan defender sus derechos desde el inicio del proceso
y fortalecer así la justicia y la confianza en el sistema judicial.
Palabras claves: Indagación Patrimonial, Extinción de Dominio, Reserva.
Abstract
This study examines the influence of excessive reserve in the patrimonial inquiry phase of
the asset forfeiture process and its impact on the procedural guarantees of owners in
Central Lima during 2024. Through a quantitative analysis with 50 specialists in
constitutional and criminal law, a Spearman coefficient of 0.921 was obtained, indicating
a strong relationship between the confidentiality of this phase and the violation of
procedural rights, especially the right to a fair trial. The findings reveal that the confidential
nature of the investigative phase prevents owners from exercising their right to an effective
defense, limiting their ability to demonstrate the legitimacy of their assets and exercise the
burden of proof. This situation generates an inequality in the procedural weapons, leaving
the owners in a position of defenselessness and violating their constitutional guarantees.
The study concludes that there is an urgent need to reform legislation to ensure greater
transparency and access to information in the investigative phase, ensuring that owners
can defend their rights from the beginning of the process and thus strengthen justice and
trust in the judicial system.
Keywords: Patrimonial Investigation, Domain Extinction, Reservation.
Publicado: 31/03/2026
Aceptado: 30/03/2026
Recibido: 03/02/2026
Open Access
Article scientific
https://doi.org/10.47422/ac.v7i1.220
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Introducción
Planteamiento del Problema
El proceso de extinción de dominio, regulado por el
Decreto Legislativo N° 1373 desde 2019, presenta serias
deficiencias en su fase de indagación patrimonial. La
confidencialidad excesiva de esta etapa impide que los
propietarios y sus defensores accedan a la información
relevante, afectando su capacidad para preparar una
defensa técnica adecuada. Esto puede resultar en la pérdida
definitiva de bienes, que se consideran de origen delictivo,
sin que los afectados puedan demostrar su legalidad
durante el proceso.
A nivel internacional, se están considerando reformas que
garanticen el derecho a la defensa de los propietarios, como
lo demuestra la experiencia en México y Colombia. En
estos países, se ha destacado la importancia de permitir a
los afectados acceder a la información sobre las
investigaciones que les conciernen, lo que es fundamental
para asegurar un proceso justo y equitativo.
La falta de acceso a la carpeta fiscal y la reserva de la
información generan inseguridad jurídica y desconfianza
en el sistema judicial. Los propietarios se ven vulnerados
en sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la
defensa, lo que puede llevar a una percepción de
arbitrariedad en el proceso de extinción de dominio. Es
crucial equilibrar la efectividad del proceso con la
protección de los derechos constitucionales de los
afectados, para evitar juicios innecesarios y garantizar que
aquellos con bienes legítimos no pierdan sus propiedades
injustamente.
Este análisis resalta la necesidad de revisar las normativas
actuales y considerar mecanismos que permitan una mayor
transparencia y equidad en el procedimiento, asegurando
así la protección de los derechos humanos y la confianza
en el sistema judicial.
Problema general demostrado es ¿Cómo la Reserva en el
desarrollo de la Etapa de Indagación Patrimonial del
Proceso de Extinción de Dominio, vulnera el debido
proceso de los afectados, en el Distrito Judicial de Lima
Centro, año 2024?
Antecedentes
Investigadores como Matallana y Ribero (2024) han
estudiado la jurisdicción de extinción de dominio,
enfocándose en la buena fe sin culpa y el control de
legalidad de medidas cautelares. Proponen establecer
obligaciones de cuidado para proteger los derechos
fundamentales de terceros. Muñoz y Castillo (2020)
enfatizan la necesidad de decomisar activos bajo
investigación por corrupción antes de emitir sentencias,
para evitar que se oculten o trasladen. Parra (2020)
argumenta que México debe adoptar nuevas estrategias
legales para abordar la criminalidad, afirmando la
constitucionalidad del proceso de extinción de dominio
como un mecanismo eficaz.
Anguiano (2020) analiza la reforma del artículo 22 de la
Constitución mexicana, destacando la importancia de
garantizar el acceso a mecanismos de defensa para quienes
se sientan afectados por procesos de extinción de dominio.
Zurita (2024) examina la Ley Orgánica de Extinción de
Dominio en Ecuador, señalando que la necesidad de una
sentencia condenatoria previa limita la acción de extinción
de dominio, aunque respeta derechos de propiedad
legítima.
Córdova (2024) sostiene que la confidencialidad en la fase
de investigación del proceso de extinción de dominio
vulnera derechos de defensa y propiedad. Rivera (2020)
analiza cómo este procedimiento puede afectar
injustamente bienes de origen lícito. Moreno (2020)
investiga la violación del derecho de defensa en la
indagación patrimonial, sugiriendo reformas que aseguren
el derecho de contradicción.
Gálvez (2023) identifica principios vulnerados en el
proceso de extinción de dominio, mientras que Tapia
(2024) propone límites procesales que protejan derechos de
las personas implicadas. Araníbar (2021) enfatiza la
necesidad de un marco normativo claro para prevenir
inconstitucionalidades y proteger derechos de propiedad.
Vargas (2023) concluye que la extinción de dominio puede
comprometer garantías procesales, sugiriendo reformas
para salvaguardar derechos fundamentales.
La investigación aborda la reserva de la fase de indagación
patrimonial en el proceso de extinción de dominio,
justificándose desde varias perspectivas. Teóricamente, se
explorarán sus fundamentos, ventajas y limitaciones,
evaluando su impacto en los derechos al debido proceso.
Prácticamente, se propone modificar el Decreto Legislativo
N° 1373 para hacer pública esta fase, permitiendo a los
afectados ejercer su derecho a la defensa y demostrar la
legalidad de sus bienes antes de medidas cautelares. Desde
una perspectiva doctrinaria, se analizará la
inconstitucionalidad del proceso y su efecto sobre los
derechos individuales, identificando áreas de mejora en la
legislación. Finalmente, se empleará un enfoque
metodológico que combine investigación cuantitativa y
cualitativa, mediante encuestas y entrevistas a expertos
para validar las hipótesis sobre la inconstitucionalidad en
la indagación patrimonial y aportar evidencia empírica.
El objetivo de la reserva en la etapa de indagación
patrimonial del proceso de extinción de dominio en Lima
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Centro en 2024 presenta serias vulneraciones al debido
proceso. La falta de acceso a la información y la inequidad
en los recursos legales comprometen la capacidad de los
afectados para defenderse adecuadamente. Es imperativo
realizar reformas que fomenten la transparencia y protejan
los derechos de los individuos, contribuyendo así a un
sistema de justicia más justo y equitativo.
Metodología
El estudio se clasifica como una investigación aplicada que
busca desarrollar nuevos conocimientos para resolver
problemas socio-jurídicos, centrándose en la
inconstitucionalidad del proceso de extinción de dominio
según el Decreto Legislativo N° 1373, especialmente en la
fase de indagación patrimonial y sus implicaciones en
derechos fundamentales como el derecho a la defensa.
Combina enfoques explicativos y descriptivos: el primero
analiza las consecuencias legales y la falta de
transparencia, mientras que el segundo proporciona
contexto sobre el proceso y su impacto social y económico.
Se utilizará un enfoque cuantitativo, con un método mixto
cuanti-cualitativo que incluirá encuestas y entrevistas a
expertos. El diseño es correlacional-causal, utilizando
análisis exegético, hipotético-deductivo e inductivo. La
población de estudio abarca operadores jurídicos y
especialistas en derecho penal y constitucional del Distrito
Judicial de Lima Centro, seleccionándose
intencionalmente una muestra de 50 expertos para obtener
información relevante sobre la vulneración de derechos
(Tabla 1).
Tabla 1
Operacionalización de Variables
VARIABLES
DIMENSIONES
V. Independiente: Reserva
en la Indagación
Patrimonial (X)
D1: Inconstitucionalidad
de la Extinción de
Dominio
D2: Naturaleza Reservada
de la fase de Indagación
Y1.- Vulneración del
Derecho de Defensa.
V. Dependiente: Debido
Proceso de los Requeridos
(Y)
Y2.- Vulneración del
principio de la inversión de
carga de la prueba por
parte de los requeridos.
Y3.- Vulneración del
Principio de Igualdad de
Armas.
Se utilizará un cuestionario de 23 preguntas cerradas como
principal herramienta de recolección de datos, dirigido a
expertos en Derecho Constitucional y Derecho Penal del
distrito judicial de Lima Centro. Los datos de las encuestas
se tabularán y analizarán en Microsoft Excel, y el análisis
inferencial se llevará a cabo con SPSS 2024, calculando el
coeficiente rho Spearman para validar las hipótesis. El
enfoque cuantitativo se centrará en la información
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recopilada de 50 expertos sobre el proceso de extinción de
dominio según el Decreto Legislativo N° 1373 del 2018,
utilizando matrices en Excel y SPSS 29.0 para el análisis
estadístico. Para asegurar la validez del cuestionario, se
incluirán 12 ítems sobre la reserva en la indagación
patrimonial y su impacto en los derechos del debido
proceso, aplicando una prueba piloto a 20 personas y un
juicio de expertos con tres especialistas. La confiabilidad
se evaluará mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach para
garantizar la consistencia de los resultados.
Resultados
Análisis Descriptivo de Resultados
Reserva en la Indagación Patrimonial (Tabla 2).
Un 90% de los encuestados considera que existen
problemas de inconstitucionalidad respecto a la reserva en
la indagación patrimonial del proceso de extinción de
dominio
Tabla 2
Existen problemas de inconstitucionalidad respecto a la Reserva de la Etapa de Indagación Patrimonial del Proceso de
Extinción de Dominio.
Alternativas
Cant.
%
En modo total acorde
11
22.00%
De manera acorde básicamente
34
68.00%
Relativamente
5
10.00%
No acorde
0
0.00%
Altamente no acordes
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 1
Existen problemas de inconstitucionalidad respecto a la Reserva de la Etapa de Indagación Patrimonial del Proceso de
Extinción de Dominio
Inconstitucionalidad del Proceso (Tabla 3)
El 94% opina que el proceso de extinción de dominio, según el Decreto Legislativo N° 1373 del 2018, es en sí mismo
inconstitucional.
Tabla 3
Se puede considerar que el Proceso de Extinción de Dominio en base al D. Leg. N° 1373 del 2018, es inconstitucional
en sí.
Alternativas
Cant.
%
Muy en consideración acordes
5
10.00%
De modo acuerdo esencialmente
42
84.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
En modo total
acorde
De manera acorde
básicamente
Relativamente No acorde Altamente no
acordes
22.00%
68.00%
10.00%
0.00% 0.00%
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De modo relativo
3
6.00%
No está consensuado
0
0.00%
Altamente no consensuado
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 2
Se puede considerar que el Proceso de Extinción de Dominio en base al D. Leg. N° 1373 del 2018, es inconstitucional
en sí.
Afectación de Derechos Fundamentales (Tabla 4)
El 98% de los encuestados afirma que los derechos fundamentales del debido proceso se ven afectados durante este
proceso.
Tabla 4
Se afectan los Derechos Fundamentales del Debido Proceso de las personas requeridas durante el desarrollo del Proceso
de Extinción de Dominio.
Alternativas
Cant.
%
Plenamente consensuados
13
26.00%
Básicamente consensuados
36
72.00%
De manera regular
1
2.00%
Esencialmente no consensuados
0
0.00%
Altamente no consensuados
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 3
Se afectan los Derechos Fundamentales del Debido Proceso de las personas requeridas durante el desarrollo del Proceso
de Extinción de Dominio.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Muy en consideración
acordes
De modo acuerdo
esencialmente
De modo relativo No está consensuado Altamente no
consensuado
10.00%
84.00%
6.00% 0.00% 0.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
Plenamente
consensuados
Básicamente
consensuados
De manera regular Esencialmente no
consensuados
Altamente no
consensuados
26.00%
72.00%
2.00% 0.00% 0.00%
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Proceso Especial Atípico (Tabla 5)
Un 98% considera que la extinción de dominio debe ser catalogada como un proceso especial atípico.
Tabla 5
Se puede considerar que la Extinción de Dominio es un Proceso Especial Atípico.
Alternativas
Cant.
%
Muy consensualmente acordes
8
16.00%
Considerablemente consensuales
41
82.00%
De forma regular
1
2.00%
Consensualmente no acordes
0
0.00%
Muy plenamente no consensuados
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 4
Se puede considerar que la Extinción de Dominio es un Proceso Especial Atípico.
Cuestionamientos Jurídicos
El 94% sostiene que son válidos los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del
Pueblo contra el D. Leg. N° 1373 del 2018.
Tabla 6
Son validables los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra
el D. Leg. N° 1373 del 2018 sobre la Extinción de Dominio.
Alternativas
Cant.
%
En modo total acorde
12
24.00%
De manera acorde básicamente
35
70.00%
Relativamente
3
6.00%
No acorde
0
0.00%
Altamente no acordes
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Muy
consensualmente
acordes
Considerablement
e consensuales
De forma regular Consensualmente
no acordes
Muy plenamente
no consensuados
Series1 16.00% 82.00% 2.00% 0.00% 0.00%
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Figura 5
Son validables los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra
el D. Leg. N° 1373 del 2018 sobre la Extinción de Dominio.
Naturaleza Reservada de la Fase de Indagación (Tabla 7)
El 92% considera inconstitucional la naturaleza reservada de la fase de indagación patrimonial.
Tabla 7
Se puede considerar como inconstitucional a la Naturaleza Reservada/Confidencial de la fase de Indagación
Patrimonial.
Alternativas
Cant.
%
Muy en consideración acordes
3
6.00%
De modo acuerdo esencialmente
46
92.00%
De modo relativo
1
2.00%
No está consensuado
0
0.00%
Altamente no consensuado
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 6
Se puede considerar como inconstitucional a la Naturaleza Reservada/Confidencial de la fase de Indagación
Patrimonial.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
En modo total acorde De manera acorde
básicamente
Relativamente No acorde Altamente no acordes
24.00%
70.00%
6.00%
0.00% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Muy en
consideración
acordes
De modo acuerdo
esencialmente
De modo relativo No está
consensuado
Altamente no
consensuado
6.00%
92.00%
2.00% 0.00% 0.00%
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Inconstitucionalidad de Normativas Específicas (Tabla 8)
Un 98% cree que se debe declarar inconstitucional el Art. II numeral 7 y los artículos 13 al 16 del D. Leg. N° 1373 del
2018.
Tabla 8
Se puede declarar como inconstitucional al Art. II numeral 7 del D. Leg. 1373 del 2018
Alternativas
Cant.
%
Plenamente consensuados
13
26.00%
Básicamente consensuados
36
72.00%
De manera regular
1
2.00%
Esencialmente no consensuados
0
0.00%
Altamente no consensuados
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 7
Se puede declarar como inconstitucional al Art. II numeral 7 del D. Leg. 1373 del 2018
Afectación del Derecho de Defensa (Tabla 9)
El 90% de los encuestados opina que la condición reservada de la fase de indagación patrimonial afecta el derecho de
defensa de los requeridos.
Tabla 9
Se afecta el derecho de defensa de los requeridos, a causa de la inconstitucionalidad de la condición reservada de la fase
indagación patrimonial del proceso de extinción de dominio.
Alternativas
Cant.
%
En modo total acorde
6
12.00%
De manera acorde básicamente
39
78.00%
Relativamente
5
10.00%
No acorde
0
0.00%
Altamente no acordes
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Plenamente
consensuados
Básicamente
consensuados
De manera regular Esencialmente no
consensuados
Altamente no
consensuados
26.00%
72.00%
2.00% 0.00% 0.00%
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Figura 9
Se afecta el derecho de defensa de los requeridos, a causa de la inconstitucionalidad de la condición reservada de la fase
indagación patrimonial del proceso de extinción de dominio.
Falta de Acceso a la Carpeta Fiscal (Tabla 10)
El 82% menciona que hay falta de acceso a la Carpeta Fiscal para los requeridos y sus abogados durante la indagación.
Tabla 10
Se da la falta de acceso a la Carpeta Fiscal para los requeridos y sus abogados defensores al inicio y durante el desarrollo
de la etapa de indagación patrimonial del proceso de extinción de dominio.
Alternativas
Cant.
%
Muy en consideración acordes
9
18.00%
De modo acuerdo esencialmente
41
82.00%
De modo relativo
0
0.00%
No está consensuado
0
0.00%
Altamente no consensuado
0
0.00%
TOTAL
50
100.00%
Figura 10
Se da la falta de acceso a la Carpeta Fiscal para los requeridos y sus abogados defensores al inicio y durante el desarrollo
de la etapa de indagación patrimonial del proceso de extinción de dominio.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
En modo total
acorde
De manera acorde
básicamente
Relativamente No acorde Altamente no
acordes
12.00%
78.00%
10.00%
0.00% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Muy en
consideración
acordes
De modo acuerdo
esencialmente
De modo relativo No está
consensuado
Altamente no
consensuado
18.00%
82.00%
0.00% 0.00% 0.00%
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Discusión de resultados
La investigación sobre la reserva en la indagación
patrimonial del proceso de extinción de dominio en Lima
Centro durante 2024 revela preocupaciones significativas
respecto al debido proceso de los afectados. La hipótesis
general del estudio ha sido validada mediante un
coeficiente rho de 0.921, indicando que la confidencialidad
excesiva en estas etapas vulnera los derechos
fundamentales de los propietarios. Los hallazgos sugieren
que la naturaleza reservada de estas indagaciones permite
la incautación anticipada de bienes sin una adecuada
protección de los derechos de los propietarios. Este proceso
ha llevado a pérdidas patrimoniales irreversibles, afectando
no solo el derecho de propiedad, sino también la presunción
de inocencia y el acceso a un proceso justo. La pérdida de
bienes antes de una condena definitiva resalta la
arbitrariedad inherente en la aplicación de estas medidas.
Investigaciones previas, como las de Córdova, Matallana y
Ribero (2024) y Gálvez Rubio (2023), corroboran que la
falta de transparencia en la fase indagatoria limita la
capacidad de defensa de los propietarios. Estos individuos,
al no ser informados de las investigaciones en su contra, no
pueden presentar pruebas o cuestionar las alegaciones que
afectan su patrimonio, lo que lleva a una vulneración del
derecho constitucional a la defensa. La ambigüedad en la
redacción de la Ley N° 32326 de 2025, que modifica el
Decreto Legislativo N° 1373 de 2018, introduce
incertidumbres adicionales. La falta de claridad en la
prescripción y en la notificación de medidas cautelares
plantea serios desafíos para la seguridad jurídica,
permitiendo interpretaciones divergentes que pueden
resultar en arbitrariedades judiciales.
Es fundamental destacar que la confidencialidad en estos
procesos, aunque pueda tener la intención de facilitar la
lucha contra la criminalidad, termina por socavar los
principios de igualdad y justicia. La percepción de
arbitrariedad en la aplicación de la ley puede generar
desconfianza en las instituciones judiciales y en el sistema
de justicia en su conjunto. La discusión sobre la reforma
legal es crucial. Se requiere una revisión exhaustiva de la
legislación vigente para asegurar que los derechos de los
propietarios sean protegidos en todas las etapas del proceso
de extinción de dominio. Esto incluye garantizar el derecho
a la notificación y a una defensa efectiva desde la fase
indagatoria, promoviendo así un equilibrio entre la lucha
contra el crimen y la protección de los derechos humanos.
En conclusión, la investigación evidencia que la reserva en
la indagación patrimonial de extinción de dominio no solo
vulnera el debido proceso, sino que también plantea un
desafío crítico para la integridad del sistema judicial. Es
imperativo adoptar medidas que aseguren la transparencia
y el respeto a los derechos fundamentales, fortaleciendo así
la confianza en el Estado de Derecho.
Conclusiones
La investigación valida la hipótesis general mediante el
coeficiente rho de Spearman, que resultó ser 0.921,
indicando una correlación muy fuerte entre la
confidencialidad excesiva en la indagación patrimonial y el
impacto negativo en el debido proceso de los afectados. Las
hipótesis específicas revelan correlaciones significativas:
la primera con 0.916 muestra que la reserva de información
limita el derecho de defensa de los propietarios, la segunda
con 0.907 indica que la confidencialidad afecta la inversión
de la carga probatoria, y la tercera con 0.919 destaca una
vulneración del principio de igualdad de armas en el
proceso de Extinción de Dominio. Estos hallazgos
subrayan la necesidad de reformar la normativa vigente
para asegurar el acceso a información y una defensa
adecuada durante la indagación patrimonial.
Recomendaciones
Se propone modificar el Decreto Legislativo N° 1373 del
2018 para permitir que los propietarios afectados accedan
a información relevante y presenten pruebas en la fase
inicial de indagación patrimonial antes de la incautación de
sus bienes. Además, se sugiere establecer políticas de
divulgación adecuadas para asegurar la información
oportuna y equilibrar la eficiencia del proceso con la
protección de derechos fundamentales. También se
recomienda crear mecanismos de notificación efectiva que
informen a los propietarios sobre investigaciones que les
afectan, así como diseñar medidas que garanticen
condiciones equitativas durante todo el proceso judicial.
Por último, es fundamental capacitar a los operadores del
sistema judicial en derechos fundamentales y debido
proceso, para asegurar que se respete la igualdad durante
las etapas iniciales del procedimiento.
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