Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri
Introducción
En el contexto de la fiscalidad internacional, regular los
precios de transferencia es crucial, previene que las
transacciones entre empresas relacionadas sean
manipuladas, garantiza que las transacciones reflejen los
precios de transacción a nivel de mercado y protege la
integridad de la base impositiva de un país, las Directrices
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) son el estándar internacional para
estos precios, proporcionan dispositivos de reajuste y una
base ética que incluye la oposición a la evasión fiscal
internacional y los fondos, de hecho, adaptar y adoptar
estas directrices es de suma importancia en Perú, con el
aumento de la inversión extranjera, las directrices
garantizan que la carga administrativa interactúe de manera
aguda con la entrada al mercado de sus clientes, vigilando
el respeto de principios constitucionales como la legalidad
y la reserva de ley desde el punto de vista de la gobernanza.
El diseño estructural del análisis consiste en la regulación
peruana actual y la autoridad fiscal civil, para ello, también
se debe tener en cuenta aquellas directrices pertenecientes
a la OCDE que continúan siendo respetadas sin quebrantar
la disposición constitucional de Perú sobre el poder
reservado de legislar, este estudio es factible ya que existe
una base teórica, doctrinal y jurisprudencial suficiente para
lograr el equilibrio entre aplicar las directrices y respetar
los principios legales básicos, además, existe evidencia
empírica y documental que puede arrojar luz sobre cómo
estas directrices afectan a las empresas y a la
administración tributaria, sin mencionar los desarrollos
desde 2006 o revisiones anteriores (actualización) del
pensamiento de la OCDE sobre precios de transferencia.
En cuanto a los beneficiarios, este análisis beneficia
directamente a las empresas multinacionales y a la Agencia
de Administración Tributaria al fomentar una fiscalidad
más clara y predecible, mitigando así los riesgos de doble
imposición, así como los conflictos legales,
indirectamente, beneficia tanto a las personas como a la
sociedad en su conjunto al promover una fiscalidad más
justa, proporciona un terreno fértil para una fiscalidad que
a su vez conduce al desarrollo económico, las perspectivas
futuras incluyen la continuación del proceso de alineación
de la legislación nacional con los nuevos desarrollos
internacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de
supervisión, para que estos sigan siendo efectivos en la
práctica y constitucionalmente válidos, esto ayudará a crear
un entorno favorable para la inversión que estimule la
creación de empresas y mejore la equidad fiscal en Perú.
Uno de los muchos cambios que han tenido lugar en las
economías mundiales como resultado de la globalización,
la evolución histórica y la invención humana, así como el
progreso tecnológico, incluyen, el desarrollo y la
consolidación de relaciones económicas, tratados
nacionales e internacionales, el fomento para identificar
oportunidades de negocio en la diversificación de la oferta
y la demanda, la reducción de costos y gastos, la
optimización de las cadenas de suministro y la búsqueda de
nuevas formas de financiamiento (Vilca, 2021).
Estos grupos económicos han desarrollado diversos niveles
de vínculos empresariales entre ellos, dentro o fuera de
cualquier territorio dado, lo cual es beneficioso para la
dinamización de la economía, pero también pueden
explotar las diferencias en las tasas impositivas y el bajo
control fiscal, creando una planificación fiscal agresiva al
subvalorar o sobrevalorar los precios acordados,
erosionando la base impositiva de los países donde están
establecidos (Tozzini, 2003).
Según la publicación de la Tax Justice Network (2020), en
el año fiscal correspondiente, a nivel mundial hubo más de
427 mil millones de dólares en impuestos no recaudados.
De hecho, los países con mayores pérdidas en recaudación
fiscal fueron, primero, Estados Unidos seguido por el
Reino Unido, aunque ambos tienen economías fuertes y
desarrolladas, este problema no solo pertenece a América
Latina sino también a Perú, donde la evasión y elusión
fiscal generan impactos negativos significativos ya que los
recursos destinados al gasto público se ven comprometidos
y la asignación presupuestaria se ve socavada en sectores
clave como infraestructura, educación, transporte, salud y
telecomunicaciones (Tax Justice Network, 2020).
Por lo tanto, la OCDE y el G20 hicieron ciertos acuerdos
que los países deben hacer cumplir. En años más recientes,
y no aislado de eventos internacionales o del contexto
socioeconómico actual, Perú ha estado incluyendo
disposiciones relacionadas con esos eventos
internacionales en la legislación CSLRFQS, por ejemplo,
insertando el inciso h) en el artículo 32-A de la LIR, a
través del DL No. 945, esto pertenece al ámbito del soft
law, tanto para países como para grupos multinacionales
(Fernández, 2020).
El soft law, son reglas de conducta que en principio no
tienen fuerza legal vinculante, pero pueden tener efectos
prácticos. También se le llama soft law. Y aquí radica el
problema, porque el soft law, al carecer de rango
normativo, puede contravenir el PL y el PRL; el primero es
definido por Vilca (2021) como un principio fundamental
del derecho, una referencia para el poder constituido, así
como sus servidores y funcionarios (Williams (2021).
Por lo tanto, afirma el autor, la administración pública está
sujeta a este principio, lo que significa que las entidades
públicas no poseen poder ilimitado, ya que este poder tiene
limitaciones establecidas en el CT, leyes y reglamentos,